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España: La Ley de seguridad alimentaria y nutrición ve finalmente la luz tras su publicación en el BOE

La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición está estructurada en 11 capítulos. El primero de ellos es el preliminar y en él se establece el propósito de la ley que es establecer un marco legal básico aplicable a todas las actividades que redundan en la seguridad alimentaria y conseguir unos hábitos nutricionales saludables.

En el primero de los capítulos quedan establecidas diversas generalidades entorno a los requisitos que deben reunir los alimentos y piensos para que puedan considerarse seguros a la hora de ser comercializados. Más adelante quedan explicadas las grandes líneas que forman las actividades de control de la Administración en materia de importaciones y exportaciones de este tipo de productos.

En el tercer capítulo se fijan las competencias de cada una de las administraciones públicas que tienen competencias en materia de seguridad alimentaria. Además establece la necesidad de poner en marcha planes oficiales de control según el riesgo a vigilar o controlar. Regula las auditorías e impone las medidas a adoptar en el caso de detectar un posible riesgo alimentario.

En el siguiente capítulo se establecen las bases para la comunicación de riesgos a la población, teniendo en cuenta los principios que aseguren la objetividad. Cualquiera de las actuaciones deberá estar regida por el conocimiento científico, al igual que marca desde hace tiempo la legislación europea.

A partir del séptimo capítulo comienzan a tratarse los temas de nutrición. Lo primero que hace la ley es darle mayor relevancia a la Estrategia NAOS, estableciendo mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones (central y autonómicas) para mantener cierta coherencia. Se añaden además algunas disposiciones específicas dirigidas a menores.

En este capítulo se establece también la obligatoriedad de que las industrias alimentarias permitan a las administraciones el registro para comprobar el contenido de ácidos grasos trans en los productos que elaboran con el fin de conocer más claramente la utilización que se hace de ellos y establecer en el futuro unos límites máximos dentro de los alimentos.

En el capítulo octavo se hace referencia a la publicidad en torno a los productos alimentarios, pidiendo que sea veraz y exacta previendo que en el futuro el Gobierno pueda establecer para determinados tipos de alimentos “servidumbres informativas adicionales”. Hace además especial hincapié en la publicidad destinada a menores de 15 años.

Los dos últimos capítulos están destinados al régimen de infracciones y sanciones por el incumplimiento de lo impuesto en esta Ley y a las tasas por los servicios prestados por la AESAN.

Precisamente esta Ley deroga el artículo 31 de la Ley 53/2002 que fija las tasas por los servicios en materia de industrias alimentarias y el Real Decreto 50/1993, que regula el control oficial de los productos alimenticios y el Real Decreto 1397/2005 que aprueba medidas adicionales en torno al control oficial, entre otras normas.

Puede consultar esta Ley

FONTE: http://bit.ly/o6wRqh

FIAB y CEACCU critican Ley de Seguridad Alimentaria

En 16 de junio, el Congreso aprobó la nueva Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Un texto polémico, que no ha gustado demasiado ni a las industrias de alimentación ni a los consumidores. La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha emitido un comunicado en el que considera que “ en el ámbito de la seguridad alimentaria, se ha perdido una magnífica opinión para mejorar el funcionamiento actual del sistema de las redes de alerta” y añade que “la actual redacción de la ley podría provocar situaciones como la sucedida recientemente en Alemania, donde un error cometido por parte de las autoridades de este país (acusando indebidamente a un producto alimentario que en este caso era español), ha puesto de manifiesto las fisuras existentes en la gestión y comunicación de los riesgos del actual sistema de las redes de alerta”.

FIAB lamenta, asimismo, que, en el largo proceso de la tramitación de esta ley, no se haya tenido en cuenta la demanda de la industria alimentaria española, en relación a que “los operadores económicos tengan derecho a ser indemnizados por los gastos y daños ocasionados como consecuencia de actuaciones o comunicaciones indebidas, por parte incluso de las Administraciones Públicas, en los casos en los que finalmente se demuestre la ausencia del riesgo indicado”.

En el capítulo de la nutrición, la patronal cree que “limitar la venta de productos altos en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares en los centros escolares es una medida restrictiva e innecesaria, teniendo en cuenta que no supone una solución real al problema de la obesidad infantil”.

La Asociación demanda medidas que impulsen el sector de la alimentación y eliminen las trabas a su actividad. Destaca el compromiso de la industria en la lucha contra la obesidad infantil y su colaboración con la Estrategia NAOS, promovida por la Administración.

Según la Federación, las medidas adoptadas en este ámbito deberían haberse fundamentado teniendo en cuenta la dieta total y con una base científica y no reducirse sólo a alimentos individualmente considerados.

En este sentido, ha matizado que “la nueva Ley no señala ni prohíbe alimentos concretos, ya que deja pendiente de definir qué se entiende por alimentos con alto contenido en los nutrientes señalados, a los efectos de restringir su venta en estos centros. Así, puede darse el caso de que determinados alimentos estigmatizados (bollos, aperitivos, bebidas, etc.) sí que cumplan los requisitos que reglamentariamente se fijen”.

La Asociación de fabricantes no ha sido la única que ha alzado su voz en contra de la nueva normativa. La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), lamenta que la Ley se haya quedado corta ya que, en su opinión, “las principales novedades de la misma se han perdido por el camino”.

CEACCU se ha mostrado sorprendida por el hecho de que la limitación legal al porcentaje de grasas trans, que puede contener un alimento, así como la prohibición de venta de alimentos extra-calóricos en centros escolares, se hayan dejado para un desarrollo reglamentario posterior.

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FONTE: http://bit.ly/jFUgTs

Aprobada la ley que limita las grasas, la sal y los azúcares en los colegios

Noticias EFEMadrid, 16 jun (EFE).- El Congreso ha dado hoy luz verde, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que prohíbe la venta de alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares.

Los niveles permitidos de estas sustancias en la bollería, las chucherías o los refrescos que se suministren en las escuelas infantiles tendrá que fijarlos ahora el Gobierno mediante un desarrollo reglamentario de la ley.

Los grupos parlamentarios han rechazado una enmienda aprobada en el Senado, que incorporaba el término “añadidos” a los azúcares.

La nueva norma obliga también a los centros escolares a elaborar menús especiales para celíacos (intolerancia al gluten) al incorporarse una enmienda procedente del Senado.

Durante el debate de las enmiendas aprobadas en la Cámara Alta, en el que ha intervenido la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, todos los grupos han coincidido en valorar la necesidad de la ley y han destacado su importancia.

La ministra ha asegurado que la ley tiene como objetivo fortalecer la salud pública y la seguridad alimentaria, pone el acento en la prevención y en la precaución, y refuerza la coordinación entre todas las administraciones públicas.

La ley, según la ministra, “encaja perfectamente” en el engranaje autonómico en materia de seguridad alimentaria y refuerza la colaboración y la cooperación entre las diferentes administraciones públicas.

“Lamentablemente hemos sido testigos directos de las consecuencias que puede tener en un país fuerte como Alemania el no disponer de esa coordinación sólida y eficaz”, ha dicho Pajín, que ha recordado que la tramitación final de esta norma ha coincidido con una crisis alimentaria, la del pepino, que ha afectado a toda Europa y especialmente a los productores españoles.

La ministra ha incidido en que los objetivos de la ley tratan, además, de generar estrategias que fomenten la promoción de la salud, así como asegurar un nivel elevado de salud en relación con los alimentos que ingerimos.

La titular de Sanidad ha rechazado, como critica el PP, que la ley sea intervencionista, sino que insta a la sociedad a tener mejores pautas de comportamiento y a los centros educativos a que cumplan en su papel educador y sensibilizador.

“Es una de esas leyes que merece mucho la pena aprobar”, ha subrayado Pajín.

En la lucha contra la obesidad, la normativa exige menús infantiles que respondan a un correcto equilibrio nutricional y vela también por impulsar la actividad física.

Con el objetivo de disponer de información, se prevé la creación de un observatorio de la nutrición y de estudio de la obesidad, que obtendrá los datos de la realidad existente.

La ley incide además en el establecimiento de procedimientos de actuación en supuestos de crisis o emergencias, así como en la exigencia de que la publicidad sobre alimentos sea “veraz y exacta”.

En este sentido, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha lamentado que la ley no haya ido más allá respecto a la publicidad, sobre todo la dirigida a los niños, teniendo en cuenta la alta prevalencia en España de la obesidad infantil.

Por el PNV, Joseba Agirretxea ha asegurado que la ley cumple los requisitos que se proponía y salvaguarda las competencias autonómicas y municipales en materia de seguridad alimentaria.

La diputada de CiU María Concepció Tarruella ha considerado que la ley establece elementos para trabajar en la prevención de la obesidad infantil y ha destacado la importancia de que la ley recoja la trazabilidad de los alimentos.

Por su parte, la diputada del grupo popular Belén Docampo ha considerado que la ley debería ser más ambiciosa y menos intervencionista “en algunos casos”, y se ha mostrado en contra de que el Gobierno imponga la prohibición a los centros escolares de vender ciertos alimentos y bebidas.

El diputado socialista Francisco Fidalgo ha señalado que la aprobación de esta ley ha demostrado que la política y las Cortes están al servicio del interés de los ciudadanos, de su calidad de vida, de su salud y de su seguridad, “de la vida real, en una democracia real”. EFE

FONTE: http://bit.ly/jxmsIr

Espanha proíbe venda de refrigerantes e doces em escolas

Lei baniu alimentos com alto teor de gordura trans, gorduras saturadas, sal ou açúcar

O Congresso espanhol aprovou em 16 de junho lei que impõe restrições rígidas à venda de alimentos e bebidas dentro de instituições de ensino. A Lei de Segurança Alimentar e Nutrição proíbe a venda de guloseimas, salgadinhos, doces industrializados e refrigerantes dentro das escolas.

A lei ainda bane alimentos e bebidas com alto teor de gordura trans, gorduras saturadas, sal ou açúcar, conforme informou o jornal El País.

O objetivo da medida é controlar o aumento da obesidade infantil na Espanha. Segundo o Ministério da Saúde daquele país, 25% das crianças sofrem de sobrepeso ou obesidade. O tratamento de doenças derivadas destes problemas consome 7% do total de gastos do Sistema Nacional de Saúde (equivalente ao SUS brasileiro), cerca de 2,5 milhões de euros.

A lei recém aprovada também prevê regras quanto à alimentação a ser oferecida nos colégios. A merenda deverá ser saudável e determinada por nutricionista. O ministério da saúde sugeriu aos estudantes que comam frutas, petiscos não industrializados, e tomem muita água.

FONTE: http://bit.ly/jsA6SL

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